Decreto-Ley de cláusulas Suelo. ¿Servirá para algo?

Daba la sensación que los consumidores estábamos en la lista de prioridades del Gobierno después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a la devolución de las cantidades cobradas de más por la cláusula suelo desde el inicio del contrato. Y en eso apareció el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.”, por el que se aprueba un procedimiento extrajudicial para la devolución de las cantidades cobradas de más por los bancos en aplicación de dicha cláusula. La cuestión es, ¿Beneficiará en algo a los afectados?

Desde muchos sectores políticos se ha intentado vender este mecanismo como la solución a un problema creado por la banca y que ha hecho a los consumidores perder alrededor de 4.000 millones de euros. Dinero que le hemos “regalado” a la banca y que ahora tienen que devolver con intereses.

Este es un resumen de lo que significará la entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2017:

  1. Procedimiento obligatorio para el banco y voluntario para el consumidor. Es cierto que el banco debe crear un mecanismo para dar solución a este problema, estableciendo las medidas para abonar, en tres meses, lo que le corresponda a cada consumidor. Pero también es cierto que se le deja al banco la potestad de decidir qué clausulas son abusivas y cuáles no, además de no ser automático. Debe ser cada cliente en quien reclame la devolución de lo que le corresponde.
  2. Procedimiento unilateral con cálculo por el banco. Si la entidad financiera considera que la cláusula suelo del cliente es abusivas, deberá ofrecer un cálculo de la cantidad a devolver junto con los intereses, lo que se convierte en un arma de doble filo. Es el banco quien calculará unilateralmente lo que corresponda, por lo que el consumidor deberá fiarse de eso. ¿Es esto favorable al cliente? Evidentemente no. Se anuncia el procedimiento como gratuito y aquí vemos la primera piedra en el camino, que obliga a asesorarse con un experto para saber si lo que le ofrecen es adecuado o no.
  3. Limitación de la tutela judicial efectiva. Si se ha solicitado la reclamación por éste mecanismo, se prohíbe interponer demanda por el mismo objeto hasta que aquel haya terminado.
  4. Costas. Una de las cosas que más sorprende de este Decreto es la modificación en materia de costas procesales (gastos de abogado y procurador del cliente que pagaría el banco en caso de perder). Si el banco le hace una oferta y usted considera que no es suficiente, puede acudir a la vía judicial. Pero si al ganar el pleito el juez le concede lo mismo o menos de que le ofreció el banco, no se le condenaría en costas. El banco solo sería condenado en costas cuando lo concedido en Sentencia sea mayor que la oferta del banco.
  5. Demandas sin seguir el procedimiento establecido en el Decreto. Igualmente, si no se va por el procedimiento extrajudicial del Decreto-Ley y se interpone demanda judicial, el banco puede allanarse (reconoce y paga la deuda reclamada) antes de la contestación a la demanda, por lo que no sería condenado en costas. Esto es contrario a lo establecido en el artículo 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que si hay una reclamación previa (algo que todos los despachos hacemos mediante un escrito al Servicio de Atención al Cliente del banco), se entiende que hay mala fe y por lo tanto se debería condenar en costas.

Una conclusión apresurada puede hacer creer que este mecanismo va a ayudar a los clientes afectados a cobrar de manera rápida la totalidad de lo que le deben. Pero profundizando en el contenido del Decreto-Ley, se aprecia que ha sido un parche para evitar que se colapsen los Juzgados, y que lo que conseguirá es que los derechos de los consumidores se vean reducidos y que muchos no tengan más remedio que acudir a la vía judicial para encontrar la tutela judicial que necesitan.

Sin embargo, es pronto para ver cómo se va a desarrollar el procedimiento. Estaremos atentos a los movimientos de las entidades bancarias para defender a nuestros clientes. Por ello, antes de tomar cualquier decisión, es recomendable que contacte con un abogado para que le asesore de la mejor manera de llevar su caso.

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